En el ámbito de la seguridad vial, los radares de tráfico desempeñan un papel crucial para controlar la velocidad y garantizar la seguridad en las carreteras. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un tema controvertido: la existencia y funcionamiento de los llamados radares privados. Aunque en muchos países europeos como Francia estos dispositivos ya son una realidad, en España la cuestión suscita dudas y controversia.
Un radar privado de tráfico es un dispositivo de control de velocidad que no es operado directamente por las autoridades de tráfico o cuerpos policiales. Por el contrario, lo gestiona una entidad privada. Este tipo de radares se utilizan para monitorear la velocidad de los vehículos en carreteras, pero con una diferencia fundamental: son gestionados por empresas o particulares.
A diferencia de los radares convencionales, como los radares de la M-30, que son instalados y mantenidos por organismos públicos como la Dirección General de Tráfico (DGT) en España, los radares privados son dispositivos que van a bordo de coches que no son de un organismo oficial como la policía y que no son manipulados por personal específico.
El funcionamiento de los radares privados es similar al de los radares públicos. Estos dispositivos emplean tecnologías para medir la velocidad de los vehículos que pasan por la zona donde están instalados. Cuando un vehículo supera el límite de velocidad establecido, el radar captura la información del vehículo, generalmente mediante una fotografía de la matrícula y registra la velocidad del infractor.
La diferencia más notable radica en la gestión de los datos y la administración de las sanciones. En el caso de los radares públicos, la información recopilada se envía directamente a las autoridades de tráfico, que son las responsables de emitir las multas y gestionar el proceso sancionador.
En el caso de los radares privados, se contrata a cientos de conductores para que lleven en sus coches estos radares móviles. Al menos así es cómo funciona en Francia, donde el Departamento de Tráfico contrató a cuatro empresas de grandes dimensiones para que se encarguen de seleccionar a los conductores adecuados para llevar estos radares con el objetivo de reducir los siniestros en carretera.
Y es que es más fácil cazar a conductores que cometen infracciones si no ven un coche de policía cerca. Sin embargo, no todos los conductores pueden llevar estos radares. Necesitan tener como mínimo 10 de los 12 puntos del carnet de conducir.
En España, la normativa sobre radares de tráfico es estricta. Hasta la fecha, la instalación y operación de radares privados en las carreteras públicas no está permitida de manera general. Todos los radares de tráfico instalados en las carreteras públicas son gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Sin embargo, podemos hablar de un modelo parecido al francés en España llevado a cabo por algunos ayuntamientos. Se trata de empresas privadas que operan al margen de la Dirección General de Tráfico. Y es que son los municipios los que controlan su propio tráfico e imponen las sanciones oportunas.
Los ayuntamientos contratan a empresas que se dedican a controlar la circulación a través de la instalación de cámaras y radares en sus calles y carreteras. A cambio de este servicio se llevan un 50% de la comisión, aunque son los ayuntamientos quienes se encargan de imponer las multas.
Además, existen excepciones en áreas privadas donde la autoridad de tráfico no tiene jurisdicción directa. Esto incluye recintos cerrados, como polígonos industriales, áreas comerciales o aparcamientos de grandes superficies, donde entidades privadas pueden instalar dispositivos de control de velocidad. Estos dispositivos no son exactamente iguales a los radares de tráfico en carreteras públicas, pero pueden funcionar de manera similar.
En estos casos, los radares privados no están destinados a la emisión de multas de tráfico en el sentido convencional. Por el contrario, se utilizan para gestionar la seguridad vial en propiedades privadas. Esto puede incluir el control de la velocidad para prevenir accidentes en aparcamientos o la regulación del tráfico en zonas con alta densidad de vehículos, como en los polígonos industriales.
En resumen, aunque en España no existen radares privados en las carreteras públicas, sí es posible encontrar dispositivos similares a nivel municipal. Estos radares cumplen una función importante en la regulación del tráfico en zonas específicas a nivel municipal.
